El Perú adoptó desde la independencia la forma republicana de gobierno. Esta verdad no conlleva naturalmente a afirmar que siempre hemos todos comprendido cabalmente lo que ello significa. De tantas definiciones y precisiones, escojo la que nos ofrece Rafael Garzaro, discípulo en Salamanca del profesor Enrique Tierno Galván. Nos refiere a la cosa pública que a todos nos pertenece y a la forma de gobierno en la que no hay un monarca y se opta por un ciudadano para que jefature el Estado y gobierne en democracia, por extensión también a los asambleístas para que legislen y fiscalicen.
Nuestra república ha vivido en permanente conflicto generado por facciones y por partidos o movimientos políticos. La pugna por el poder es connatural a la sociedad política por cuanto cada quien quiere determinar el curso de las políticas públicas según entiende mejor las causas y las consecuencias de los problemas por afrontar. La constitución vigente nos ofrece las reglas de juego en las que la política se desarrolla dentro del Estado y especialmente la relación de los tres poderes entre sí, asimismo sucede con los demás institutos cuya existencia son explícitas en la propia carta magna, como el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público, entre otros.
La única referencia constitucional al concepto de crisis política es la referida la que se produce tras una censura al gabinete. No hay otra situación así constitucionalmente definida. Es moneda común hablar y escuchar por doquier que vivimos una crisis política y que por ello se deben tomar atajos que no convencen por carecer de sustento y de comunidad de entendimiento. Esto no es realmente así. Lo que hoy vive el país en una relación tensionada de poderes, especialmente entre el ejecutivo y el congreso. ¿Y por qué esto nos llama tanto la atención, cuando no debería?, ofrezco tres aproximaciones al respecto.
Primero, es consustancial a la democracia que los poderes públicos debatan, concuerden o disientan. No hay nada raro ni alarmante en ello. Por el contrario, las luces se abren paso sólo a través del debate por más ligero que sea o aparezca. La cultura política no se adquiere como un artefacto eléctrico, se forma con el ciudadano y a través del tiempo. Hay dolor en el camino, obvio, pero es necesario e inevitable para aprender y ejercer la ciudadanía desde la razón. Cada quien toma posición y también puede cambiarla, en el marco de la ley.
Segundo, hay muchas vías democráticas para salir del calificado entrampamiento. Todas incluyen una votación en algún momento. La o las que se ajustan a la república es la votación después de evaluar las bondades y las falencias de la pretendida solución que genera la tensión. Vale decir, mayorías y minorías en acción. El voto libre de cada ciudadano nos califica como republicanos. En la república que tenemos, principalmente a través de nuestros representantes.
Tercero, no debemos tomar como fatales ni rupturistas ni las tensiones ni las votaciones. Cada poder, en este caso el ejecutivo y el legislativo, tiene instrumentos y armas para hacerle frente a lo que consideran beneficioso o pernicioso en términos de una o varias propuestas.
Ergo, sostener que, para darle gobernabilidad al país, en lo que es una genuina y natural tensión entre poderes, es menester alterar el texto constitucional en algo tan sensible como los términos de los mandatos, es justamente lo contrario a ofrecer y a garantizar estabilidad y previsibilidad a la democracia republicana. Es pretender que vivamos en el marco de una república invisible.
Por el contrario, nuestro país necesita más república y más republicanos. Cuando todos lo entendamos y lo practiquemos, habremos dado un salto cualitativo. Habremos pagado una deuda. Nos habremos desecho quienes ignoran las reglas de la democracia y de los pretenden imponer la ignorancia desde el poder.
En medio de las tensiones, nada impide abordar soluciones a los principales problemas que nos aquejan. Por el contrario, obligados estamos a continuar o emprender políticas y tomar decisiones firmes para acortar brechas, crear oportunidades y combatir las lacras sociales que postran a las mayorías y que privan de tranquilidad y sosiego a cada familia peruana. La lista de las necesidades viejas y nuevas es larga y contundente. Por ende y estos términos, no hay mayor injusticia que el abandono de las responsabilidades de los elegidos, ya que se acerca a una suerte de fraude moral.
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