Ya conocemos las listas de los que postulan al congreso y cuyo mandato debe fenecer cuando asuman los elegidos el siguiente período, impostergablemente el 2021, junto con la nueva plancha presidencial.
Es poco o mucho tiempo y depende de las prioridades que se conjunten. Por cierto, a cada bancada, que nacerán dispersas y variopintas, le asiste el legítimo derecho de abogar por las reformas y la fiscalización que crean necesarias. Pero el país necesita algo superior y es bueno recordar y proponer.
La política grande es el arte de lo posible y para ello deben fijarse objetivos que resulten aceptables para las mayorías representadas. Entendamos, viabilidad y no griterío. Cada agrupación debería publicar su propuesta de agenda legislativa. Enumero, preferentemente y por razones de espacio, las que considero pendientes de terminar y las que urge acometer.
Dentro de las primeras, está terminar delimitando la impunidad dándole la prerrogativa principal a la sala competente del poder Judicial. Basta de complicidades y blindajes, caiga quien caiga. Instalada la Junta Nacional de Justicia, otorgarle poderes y ejercer el debido control para erradicar “hermanitos” y demás lacras, así como la politización del ejercicio fiscal y juzgador. No es posible el exceso y abuso de la prisión preventiva. La presunción de inocencia, por ende, la libertad, debe primar y para ello se cuenta con eficaces controles de alta gama para evitar el entorpecimiento de la persecución de pruebas.
En materia de reformas políticas, yo prefiero la lista al voto preferencial. Pero si queda, debe revisarse previo proceso interno sujeto a la prioridad de calidades de los candidatos por una comisión ad-hoc, con mucha antelación, que incluya los diversos estamentos del partido, mandato expreso, lineamientos, probada adhesión o convergencia doctrinaria y programática y que responda indubitablemente a no tener cuentas pendientes con la justicia. El liderazgo local no alcanza.
Abogo por el retorno mejorado de la bicameralidad. Es indispensable una Cámara de Senadores revisora e indisoluble, que elija a los que hoy elige el congreso, Tribunal Constitucional y demás, previstos por la constitución vigente, principalmente. Que su presidente sea elegido con dos tercios de sus miembros.
La agenda parlamentaria debe priorizar, además de revisar sin revanchismos los decretos de urgencia y mejorarlos si puede, abocarse a diseñar los lineamientos más importantes de la reforma del Estado y dentro de ellas, la manera cómo se concibe, prioriza y ejecuta el presupuesto público. Es inaceptable que casi la mitad de los fondos asignados reviertan al tesoro mientras la población hoy ni percibe el dichoso chorreo. Debe entonces, en el marco de la gestión correcta del equilibrio fiscal, priorizar de verdad y eficientemente en beneficio de las atenciones sociales urgentes.
Los conflictos sociales deben merecer una profunda reforma de la arquitectura pública institucional. Es deber del Estado asegurar la libertad y la igualdad de oportunidades y ello significa encontrar y garantizar el equilibrio justo y de buena fe entre la necesaria inversión privada en la extracción de los recursos naturales y los derechos, garantías y necesidades de las poblaciones propias y aledañas.
Tenemos un Estado que muchas veces no hace lo que debe y hace lo que no debe. Las mesas de diálogo no sirven, están desacreditadas. Urgen cambios por la magnitud y cantidad de conflictos potencialmente latentes, latentes y en plena confrontación. Casi nadie cumple.
Las mesas de diálogo son “cocotocos”, comités coordinadores de todos los comités. Vale decir improductivos y dilatorios. Dan licencia de construcción, pero ahora falta esto y otro. ¿Dónde quedamos entonces como país?
Las autoridades desconcentradas carecen de competencias, de criterios uniformes y cuando se descentraliza priman, con frecuencia, los criterios políticos y cunden las interlocuciones sin clara representatividad. Son “oportunidades” para escalar en la política de forma inapropiada, generalmente.
Se debe contar con un modelo matricial de gestión de los conflictos sociales centralizado y unificado. El Estado es quien debe imponer justo orden, racionalidad, celeridad, brindar predictibilidad, transparencia y equilibrio de buena fe. Igualmente, con sustento y antelación razonable, se debe contar con documentación e información, veraz, pública y suficiente en manos de los concernidos. No es posible que haya “tantas manos en el plato”.
El mayor peso debe caer en el trabajo integrado desde el primer paso y regido por el Estado, no por las partes dado que es su responsabilidad ineludible. Hay evidentes conflictos de intereses. Al respecto, he desarrollado una matriz de gestión aplicable a los conflictos en el marco del Convenio 169 de la OIT y de la Consulta Previa ratificado por el gobierno Fujimori. La Ley de Consulta Previa, mutilada y descafeinada, no sirve.
La propuesta es un primer paso muy mejorable y muy adaptable a nuestros conflictos sociales, a todo conflicto social que padece el Perú. Urge iniciar siquiera discutir esta reforma. Llevándola a cabo, podemos crecer y desarrollar armoniosamente, con no menos de 5 puntos adicionales del PBI y revertir las escandalosas insuficiencias de los servicios sociales y la asimetría distributiva sacando de la pobreza a millones de compatriotas.
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