El país vive una confrontación política con fundamentos y revestimientos jurídicos. El Congreso le estorba al mandatario porque es el primer muro de contención, acaso el único, contra el efecto dominó que pretende como candidato a dictador.

La fiscal de la Nación reveló a la misión de la OEA que el presidente tiene 51 carpetas fiscales que nutren la denuncia constitucional interpuesta en su contra, sindicándolo como presunto cabecilla de una organización criminal para delinquir. Él y varios de sus colaboradores y familiares, algunos prófugos, se han negado a rendir cuentas a la justicia evidenciando su inocultable obstruccionismo a toda investigación.

Aduciendo tramposamente una inexistente negación de la confianza al Gabinete Torres, la pretensión presidencial debe encuadrarse, como efecto dominó, en evadir al Ministerio Público. Por ello, necesita cargarse al Congreso antes de que este lo guillotine y, así, tener manos libres.

En concordancia funcional con dicho propósito, el señor Torres planteó la cuestión de confianza ante el Congreso de la República para prácticamente derogar la Ley 31399 y poder convocar directamente a una asamblea constituyente que le dé plenos poderes a Castillo. La pretensión política revestida jurídicamente era y seguirá siendo contraria al texto expreso de la referida ley, a la sentencia del Tribunal Constitucional que confirmó su constitucionalidad y a la preservación de la institucionalidad democrática.

Por la boca muere el pez, dice el viejo refrán.

Cuando el ya premier en la sombra Aníbal Torres afirma, refiriéndose a la demanda competencial interpuesta por el Congreso ante el Tribunal Constitucional por la cuestión de confianza, que “no tenemos mucho interés en cómo resuelva el Tribunal Constitucional”, desnuda la vocación totalitaria que brota de las entrañas de una administración golpista, violenta, persecutoria, embustera, incapaz, rapaz y voraz; ergo, contraria a los intereses nacionales.

Los ministros ya denunciados constitucionalmente por interpretar arbitrariamente la cuestión de confianza querrán salvarse, pero el artículo 128 de la Constitución les advierte que “todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el presidente de la República o que se acuerden en Consejo, aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente”.

Anoto que, dato nada menor, la vicepresidente Boluarte no firmó el acta del Consejo de Ministros del jueves pasado que “interpretó” la buscada denegatoria. Declinó a formar parte del nuevo gabinete y por eso ha sido excluida en la precitada denuncia.

Castillo, para quien ya corre la tercera moción de vacancia por incapacidad moral permanente, con su pretendida “interpretación” también invade y viola los fueros congresales y del Tribunal Constitucional, máximo intérprete constitucional.

Ahora, contra el tiempo, la señora Chávez, astuta y formal sucesora de Torres, perseguirá una segunda “negativa” para disolver al Congreso para que el presidente gobierne vía decretos de urgencia y así meterle mano al Ministerio Público y a toda institución que cumpla con su deber de control.

La pretensión de un presidente de evadir la justica no es novedad, basta con recordar que Martín Vizcarra disolvió “fácticamente” el Congreso, porque tenía muy serias investigaciones que databan de cuando era gobernador de Moquegua y que ahora lo persiguen con renovado esfuerzo y nuevos elementos por cuenta de la Contraloría General de la República, entre otras paellas de chicharrones. La noche le cae lentamente, porque la diferencia es que entonces no existía la ley que desarrolla constitucionalmente la cuestión de confianza y hoy sí.

Los legisladores deben ser plenamente conscientes de que lo que peligra es la democracia, las libertades, las garantías constitucionales y los derechos fundamentales de todos, comenzando por los suyos, los de sus padres, cónyuges e hijos.

La respuesta para evitar el efecto dominó que le facilite al presidente concentrar el poder absoluto dejó de ser jurídica; es exclusivamente política. A los congresistas les cabe dos opciones: vacar al presidente o ser disueltos. ¡No hay más!